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De acuerdo con datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD), entre enero y septiembre de 2025 se registraron 583 denuncias vinculadas a trata de personas, delitos conexos y tráfico de personas en el país. Aunque las cifras muestran una reducción respecto a 2024, el problema persiste y mantiene desafíos para la prevención, atención y protección de las víctimas.

El primer dato relevante es que la trata de personas concentra la mayoría de las denuncias. Según el reporte oficial de la Policía Boliviana, entre enero y septiembre de 2025 se contabilizaron 373 casos por trata de personas, cifra que representa el 63,98 % del total registrado, por encima de otros delitos conexos como pornografía, proxenetismo o violencia sexual comercial.

El segundo dato muestra que las mujeres son las principales víctimas. Del total de víctimas registradas, el 74,51 % corresponde a mujeres, mientras que el 25,27 % corresponde a hombres. El informe también evidencia que los grupos más afectados son menores de 18 años y jóvenes entre 18 y 29 años.

El tercer elemento es la concentración territorial de los casos. La Paz encabeza el registro nacional con 223 denuncias, seguida de Santa Cruz con 198, y Cochabamba con 99. Estas regiones mantienen mayor incidencia debido a factores asociados a la concentración poblacional y actividad económica.

El cuarto dato advierte que, si bien las denuncias disminuyeron, el fenómeno no desapareció. El OBSCD reportó una reducción del 31,27 % en las denuncias del tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024.

El quinto dato corresponde al tráfico de personas, delito distinto a la trata, aunque muchas veces vinculado a redes criminales y desplazamientos irregulares. Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 23 denuncias relacionadas con tráfico de personas en Bolivia.

En ese contexto, el 28 de mayo se lanzará el diplomado virtual Prevención, Protección y Asistencia Integral a Víctimas de Trata de Personas, impulsado por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) de España, el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos y la EGPP.

La formación estará dirigida a servidores públicos y profesionales de las áreas jurídica, policial, salud y educación con el fin de fortalecer las capacidades para la prevención, protección y asistencia integral a víctimas.

La trata de personas continúa siendo una de las formas más graves de vulneración de derechos humanos en Bolivia. Detrás de las denuncias registradas hay situaciones de explotación, violencia, engaño y abuso de condiciones de vulnerabilidad que afectan principalmente a mujeres, adolescentes y jóvenes.