EGPP

La comunicación pública influye en la inclusión, la igualdad y el ejercicio de derechos, señaló el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien participó del Conversatorio virtual Despatriarcalización y comunicación estratégica: desafíos para la gestión pública en Bolivia, organizado por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) el pasado 23 de junio, evento que también sirvió de marco para presentar un nuevo diplomado dirigido a fortalecer las capacidades de los servidores públicos en temas de comunicación. La iniciativa surgió, según palabras del jefe de la Unidad de Investigación y Desarrollo de la EGPP, Sergio Cerezo, a partir de la reflexión sobre los datos acerca de las formas de discriminación y violencia publicados en el boletín de la Defensoría del Pueblo, en el que se reportan 65 denuncias por violencia institucional, acoso y exclusión contra personas LGBTIQ+ durante 2025. Durante el acto también se dio a conocer que en 2024 se registraron más de 50.000 casos vinculados a delitos contemplados en la Ley 348.

A tiempo de inaugurar el evento, Cerezo señaló que los desafíos que plantea actualmente el sector público tienen relación con la formación permanente de los servidores para lograr una mayor sensibilización. Al respecto dijo: “La comunicación pública no es únicamente un mecanismo de difusión de información, es una herramienta de transformación, de investigación y de mejora continua”, destacando el rol potencial del Estado para contribuir a la igualdad y reducir estereotipos que aún persisten en la sociedad.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, sostuvo que los derechos humanos deben constituirse en un eje transversal de la gestión estatal para orientar tanto la formulación de políticas públicas como la prestación de servicios y la comunicación institucional. “Las palabras no son neutras, son proyectiles o son puentes”, afirmó al referirse al impacto que tienen los mensajes públicos en contextos de conflictividad social y política.

La autoridad señaló que las expresiones, imágenes y narrativas difundidas desde las instituciones pueden contribuir a garantizar derechos o reproducir procesos de exclusión. Remarcó también que la comunicación pública debe promover la igualdad, la inclusión y la no discriminación, además de fortalecer la confianza entre el Estado y la ciudadanía.

Callisaya sostuvo que despatriarcalizar la comunicación implica evitar la estigmatización de grupos sociales, promover la escucha activa y generar espacios de diálogo que permitan reconocer intereses diversos sin recurrir a discursos de confrontación.

El diplomado Despatriarcalización y Comunicación Estratégica desde el Estado, impulsado por la EGPP con el apoyo del proyecto ProIgualdad de GIZ Bolivia, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización y la Defensoría del Pueblo, abordará temas relacionados con igualdad de género, prevención de la violencia simbólica, servicio público con enfoque de género y comunicación pública con enfoque de derechos humanos. La asesora técnica en medios de comunicación del proyecto ProIgualdad, Julia Alandia, explicó que uno de los principales desafíos de las instituciones públicas es incorporar estos enfoques de manera transversal para que la ciudadanía perciba y confíe en el Estado como garante de derechos. Añadió que la comunicación no depende únicamente del lenguaje escrito o verbal, sino también de los mensajes simbólicos, el uso de imágenes, el conocimiento de la normativa y la capacidad de orientar a la población con criterios inclusivos y libres de discriminación.